“OBLIGAR AL DELINCUENTE A REPARAR EL DAÑO CON ALIMENTOS, A LA MUJER Y A LOS HIJOS QUE FUESEN EL RESULTADO DE UNA VIOLACION”

INTRODUCCIÓN El olvido inexplicable de una persona que ha sido víctima de un delito sexual, ha sido notorio y perjudicial en su contra, toda vez que dentro del desarrollo de las Ciencias Penales y Críminológicas, ha puesto una atención muy especial hacia quien comete el delito de violación, en decir, se pone atención especial en contra del (delincuente, violador, sujeto activo, etc.), es decir, hacia el criminal sexual, a quien según la Ley estudia, reglamenta, clasifica, castiga y protege, mientras tanto a quien fue víctima de un delito sexual, es completamente ignorada de la manera más absoluta y absurda, toda vez que, para la Ley, legalmente “Es suficiente que la víctima presente la denuncia penal correspondiente ante el Agente del Ministerio público Investigador”, que con la denuncia interpuesta, inicia sus actuaciones correspondientes con la finalidad de comprobar el delito de mérito. Ante ésta situación, existe preocupación por parte del ponente, al ver el estado de total indefensión que se deja a quien fue víctima de un delito sexual, que en un determinado momento, sufrió en carne propia “una violación”, por lo que la autoridad, viola con ello sus Garantías Individuales que le otorga nuestro Supremo Compendio de Leyes de la Nación, “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, de igual forma, su victimario viola la libertad sexual de la mujer a quien violó, pues la víctima es quien debe escoger cuando y con quien quiere tener sus actividades sexuales, que en este tipo de delito, carece de ese derecho la víctima y menos aún, ante su victimario. Entratándose de delitos sexuales, la Historia del Derecho Penal Mexicano y en especial en el Derecho Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, en virtud de qué “Para el Código Civil Vigente en el Estado de Michoacán de Ocampo, y para el Congreso del Estado Local”, la víctima o sujeto pasivo de un delito de violación, no es tomado en cuenta para ser motivo de “REPARACIÓN DEL DAÑO”, por ende, éste asunto es tratado en su más completa insignificación, es decir, debemos de reivindicar los valores humanos en lo más preciado que todo individuo tenemos desde que nacemos, nuestro derecho a elegir la “Libertad Sexual”, siendo obvio que al coartarle el derecho que tiene de libertad sexual, a quien por diversas circunstancias se convierte en víctima de un delito sexual, normalmente trae consigo como consecuencia lógica, un desequilibrio emocional que en un determinado momento, así mismo, corre el gran riesgo de convertirse en traumas psicológicos para el resto de su vida, sin embargo, no solamente queda en el olvido la víctima del delito sexual, sino que también, nuestros Diputados, han olvidado legislar en cuanto “a la reparación del daño” a que debe tener derecho una víctima sexual, reparación del daño que debe de ser con “el pago de alimentos” que en determinado momento y como resultado de la violación que se cometió en perjuicio de una mujer que como víctima podría posteriormente resultar embarazada, a quien por diversos motivos le fuera obligada a tener su imberbe, ó bien, por diversas consecuencias, NO opte por el aborto a que tuviese derecho en virtud de que posiblemente este en su momento debidamente legalizado en determinados casos proporciona nuestro Derecho, en este sentido, quedaría tanto la víctima sexual como él o los imberbes sin protección a que legalmente deben tener, en virtud de que debido a la violación sexual, la mujer que posiblemente se convierta en madre, normalmente queda sola y desamparada, además con la obligación de suministrar alimentos a su hijo o hijos, por ende y ante ésta triste, cruel y cruda situación, El Estado, debería de acodar o legislar respecto de la reparación del daño en la “Violación Sexual”, obligando al violador, sujeto activo o victimario, el suministrar una pensión alimenticia a la mujer violada, así como al hijo o hijos nacidos como resultado de dicha violación sexual, debiendo para ello, observar las reglas de forma y término que para el efecto de pago de alimentos fijan las Leyes Civiles Mexicanas, sobre todo, en los casos de divorcio